La destitución del Alcalde de Bogotá, un fallo disciplinario con contenido político

Por: Andrés Monroy Gómez

Alegres pero firmes”. Así fue el llamado que hizo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en un discurso ante más de 10.000 personas, al convocarlas a la resistencia pacífica frente a su destitución.

El 9 de diciembre, día que se conmemora la lucha internacional contra la corrupción y cuando el país comienza a conocer con mayor profundidad los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Procurador General de la Nación, Alejando Ordoñez, lanza una nueva carga de profundidad con mensajes cifrados para múltiples sectores.

A través de un fallo disciplinario, el Procurador destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por quince años, al atribuirle faltas cometidas durante la implementación de un nuevo sistema de recolección de basuras. Las decisiones de Petro buscaban desprivatizar una servicio público, lo que a la postre afectaba intereses de compañías privadas cuyos propietarios cuentan con el favor de reconocidos políticos y periodistas del país.
Contrariados por la decisión del Ministerio Público, aproximadamente 10.000 personas, entre las que se encontraban recolectores de basura, animalistas, miembros de la comunidad LGBTI, estudiantes, y toda una multiplicidad de expresiones de una ciudad tan compleja como Bogotá, se concentraron en la céntrica Plaza de Bolívar para manifestar su respaldo al alcalde.

Allí, evidentemente emocionado por el masivo respaldo, Petro convocó a la construcción de un movimiento de “indignados”, para defender los logros de su administración denominada “Bogotá Humana”, pero ante todo, denunciar la arbitrariedad que significa el poder dado al jefe del Ministerio Público para destituir a funcionarios elegidos mediante votación popular.

“Quiero que ustedes sean consientes que empezamos a vivir días de historia”, señaló el mandatario local a la multitud.
Mensaje a La Habana
 
Más allá del debate jurídico que implica la decisión adoptada por el Procurador y la estrategia de defensa que adopte Petro, es inevitable que sus efectos lleguen a la mesa de conversaciones en La Habana.

“Cuando era joven, lanzaron dos mensajes de violencia que atravesaron mi memoria y mi corazón. Un 11 de septiembre el golpe de Estado contra Allende y un 19 de abril, un fraude electoral contra el voto popular en Colombia. Desde ese entonces, en los libros al principio, iba leyendo lo que era la catadura de la oligarquía colombiana. Una oligarquía sectaria, atrasada, feudal, dogmática, pero asesina”.

Ese fraude dio nacimiento al movimiento insurgente M-19, al que perteneció Petro y que luego de su dejación de armas se convirtió en una opción política en Colombia, a pesar del asesinato de su comandante, y para ese entonces candidato presidencial, Carlos Pizarro, seguido de la persecución a los integrantes de esa nueva alternativa.

“Nos habían pasado por el pelotón de fusilamiento como decía Gabriel García Márquez, y sin embargo, de alguna manera mágica, como mágica es América Latina, surgió entre las piedras la victoria electoral que nos hizo mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Petro a los manifestantes.

De esta manera, enfatizó en la necesidad de continuar la apuesta por la confrontación política, dejando de lado la opción armada, resistiéndose a lo que se considera una provocación de la derecha colombiana en su camino de exclusión de las posturas alternativas.

“No vamos a caer en sus trampas. Nos quieren llevar a la violencia y los violentos son ellos, los tristes son ellos. Alegres pero firmes… Este es el primer día de muchos. Hoy nos vemos muchos, pues seremos más”, afirmación que fue largamente ovacionada por los asistentes a la manifestación nocturna.

“Los hombres que aquí estamos, que nos levantamos en armas, que no nos dejamos arrodillar ante la tortura, pero que firmamos la paz (…), les decimos a quienes están de parte del Gobierno y de parte de las FARC en La Habana, que no retrocedan ante la paz, que lo que quieren hacer aquí es una trampa para impedir la paz de Colombia”.

Otty Patiño, antiguo comandante del M-19, señaló a Periodismo Humano que la decisión del Procurador, que califica de política por defender los intereses de la gente que se ha sentido perjudicada por el nuevo modelo de ciudad que plantea Petro, dificulta el proceso de inclusión política que obviamente es una de las claves de la paz.

Por su parte, Patricia Ariza, lideresa de los movimientos culturales alternativos de Bogotá, afirmó que es un mensaje negativo que demuestra lo reducido de la élite colombiana.

Afectos y odios

Tan pronto se conoció la decisión de la Procuraduría, comenzó una verdadera batalla “virtual” en las redes sociales, dando cuenta de que este hecho profundiza la polarización en Colombia.
No tardaron en consolidarse las tendencias #DestituciónPetro, #PetroNoSeVa, #PaFueraProcuradorOrdoñez y #ApoyoAlProcurador, siendo el más reciente capítulo de este escenario el ataque contra el sitio web de la Procuraduría.
En medio de la avalancha de opiniones, algunas voces señalaron que resultaba positiva esta destitución dado el origen del alcalde, es decir, por haber sido guerrillero, sin advertir ejemplos en el continente americano, como los actuales presidentes de Uruguay y Brasil.

En ese contexto, Petro señaló que “Somos la cadena de afectos que puede lograr verdaderamente la transformación de Colombia”.

Sin embargo, un país encaminado en un nuevo proceso de paz, cuyo gobierno defiende la implementación de un modelo de justicia transicional, poco hará si la mentalidad de sus habitantes no asimila la necesidad de pensar en opciones diferentes a la confrontación armada.

Quizás la decisión del Procurador esté amparada en normas internas, lo que a la larga demuestra grandes deficiencias de la legislación colombiana frente a la expectativa de una democracia sólida en el eventual post conflicto.

No obstante ese amparo legal pierde legitimidad por su aguerrida defensa de preceptos que se confunden con su visión particular de la moralidad, no administrativa, sino en términos religiosos.

A su posición radical en contra de los derechos de las parejas del mismo sexo y el proceso de paz se suman antecedentes personales de Ordoñez, como la quema de libros en un parque público hace 35 años, por su “contenido anticatólico”.
Ya se han anunciado demandas internacionales por los abogados de Petro, al tiempo que líderes de la derecha ya anunciaron su intención de reemplazar rápidamente en el cargo a Petro.

Por ahora, quedan en riesgo las políticas defendidas por este alcalde, como los derechos de la población LBGTI, la protección a los animales, el derecho fundamental al agua para estratos pobres, la desmonopolización del servicio de aseo y un canal de televisión pública con énfasis en la visibilización de las víctimas del conflicto armado.

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